Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 3, 6, 10 y 13 del artículo 1º y los artículos 3, 10, 24, 25, 29 y 36 de la ley 982 de 2005. Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que las normas acusadas incurrieron en una omisión legislativa, pues se excluyó los derechos de las personas sordas y sordo ciegas que usan un lenguaje diferente al de señas para comunicarse. La corte concluyó que en el orden constitucional vigente los lenguajes de los seres humanos, en cualquiera de sus manifestaciones, son objeto de protección y que el legislador no violó la prohibición constitucional de reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la constitución, al establecer que lengua de señas es la lengua natural de una comunidad de sordos, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. De igual manera el legislador no violó el principio de igualdad al establecer que las personas sordas son parte del patrimonio pluricultural de la nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes, pues se da el mismo tratamiento a dos grupos humanos distintos entre sí, en aquellos aspectos en que se encuentran parecidos, concretamente, en el derecho al reconocimiento de usos de lenguaje diferenciados, como patrimonio cultural de la nación.; y por último, la corte decidió reiterar la jurisprudencia fijada al respecto en la sentencia c-128/02, en la que se estableció que el legislador puede promocionar una lengua para sordos como lo es la lengua de señas, siempre y cuando ello no implique excluir las demás, o, por lo menos, ponerlas por debajo, ni excluirlas de protección legal. Los numerales acusados contenidos en el artículo 1º de la ley 982 de 2005 se declaran exequibles, al igual que los artículos 3, 10, 24, 25, 28 y 36 demandados. Respecto al artículo 29 atacado, se declara su exequibilidad, a excepción de la expresión señantes, que se declara inexequible.