Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 15 (parciales) de la ley 916 de 2004, por la cual se establece el reglamento nacional taurino. El actor considera que las expresiones acusadas vulneran los artículos 1, 7, 136, 287, 311 y 313 de la constitución, en tanto desconocen la autonomía de las entidades territoriales. Esto, debido a que imponen a las autoridades locales la obligación de autorizar la celebración de espectáculos taurinos en plazas de toros permanentes. La sala reitera jurisprudencia relacionada con el grado de autonomía de las entidades territoriales, la tensión entre el principio de estado unitario y el grado de autonomía de las entidades territoriales respecto del reconocimiento de expresiones culturales, los límites y reserva de la ley frente a la función de policía administrativa, la comprensión constitucional de la actividad taurina y los límites a su ejercicio. La corte encontró necesario efectuar la integración normativa con los artículos 17, 18 y 19 de la ley 916 de 2004 y precisó que se trata de una competencia sometida al principio de estricta legalidad, que impide que las autoridades administrativas, entre ellas los alcaldes, tengan un margen de discrecionalidad en lo que respecta a la concesión de autorizaciones para el ejercicio de actividades ciudadanas y que las restricciones que impongan deban tener respaldo en la constitución o la ley. Se trata de que las autoridades territoriales estén circunscritas en su actuar a los lineamientos fijados, sin que puedan imponer motu propio sus particulares consideraciones de conveniencia, distintas a las restricciones respaldadas por el ordenamiento. La corte encontró que no existe una norma legal que imponga la prohibición general de los espectáculos taurinos, cuando la corporación ha avalado la regulación legal de estas actividades que si bien se muestra problemática frente a otros valores constitucionales, se han impuesto restricciones particulares a su ejercicio. Así, a juicio de la corte, una lectura sistemática de los preceptos acusados lleva a concluir que no existe ninguna razón que permita inferir que basta la mera notificación a la autoridad competente acerca de la celebración del espectáculo taurino en plazas de toros permanentes, para que los entes territoriales queden compelidos a permitir dicha práctica. Las normas acusadas ofrecen criterios para que las autoridades locales autoricen y controlen la celebración de la actividad taurina. Se declara la exequibilidad de las expresiones acusadas contenidas en los artículos 14 y 15de la ley 916 de 2004, así como exequibles los artículos 17, 18 y 19, con excepción de la expresión que requieran autorización previa contenida en los artículos 17 y 18 citados, que se declara inexequible.