Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 242 (parcial) de la ley 906 de 2004, por la cual se expide el código de procedimiento penal. Los demandantes argumentaron que el legislador vulneró las garantías constitucionales previstas para la protección de la intimidad, el domicilio y la vida familiar, al autorizar a la fiscalía general de la nación para realizar durante la persecución penal, operaciones de infiltración de organizaciones criminales mediante agentes encubiertos, en desarrollo de las cuales están facultados para ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado, sin autorización judicial previa. La corte declaró la exequibilidad de la norma acusada, con la condición de que cuando las operaciones encubiertas impliquen el ingreso del agente a reuniones en el lugar de trabajo o en el domicilio del imputado o indiciado, deben estar precedidas de autorización del juez de control de garantías, sin perjuicio del control posterior.