Demanda de inconstitucionalidad contra los literales b) y d) del artículo 326 de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4º de la ley 1312 de 2009. Los accionantes consideran que las condiciones establecidas por el fiscal al imputado o acusado consistentes en i) participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar los problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas y, ii) someterse a un tratamiento médico o psicológico; durante la suspensión del procedimiento a prueba (no superior a tres años) para ser beneficiario del principio de oportunidad, resultan contrarios al libre desarrollo de la personalidad como a la dignidad humana, al implicar obligaciones que solo atañen a la persona en su fuero interno e involucrar viejas escuelas positivistas correccionalistas, ya abolidas. Estiman, que aunque se llegara a un acuerdo con el fiscal, no puede sujetársele a tratamiento alguno por tener los derechos fundamentales el carácter de irrenunciables. Para la corte, las condiciones previstas en los literales b) y d) acusados resultan idóneas para alcanzar las finalidades constitucionales aludidas, toda vez que parten del ejercicio de la libre voluntad (de los imputados o acusados) como presupuesto ineludible de procedibilidad en el marco de la justicia restaurativa, que si bien pueden terminar siendo fijadas por el fiscal, encuentran fundamento constitucional ante la presencia de las características de un delito, bajo un mínimo de prueba que permite inferir la autoría o participación en la conducta punible y su tipicidad. Exequibles