Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35 (parcial) de la ley 820 de 2003 y 384 (parcial) de la ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras disposiciones. Según los demandantes, las disposiciones atacadas encierran la posibilidad de decretar embargos y secuestros desde la presentación de la demanda de restitución, inclusive en el supuesto de que existan serias dudas sobre la existencia del contrato. Solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad condicionada, en el entendido de que tales medidas cautelares no proceden en todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, sino sólo en aquellos en los cuales no se discuta la existencia del contrato. Al encontrar que las razones de la demanda carecen de certeza y pertinencia, la corte decide inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.