Ley 820 de 2003, arts. 37, 38 y 39. Regimen de arrendamiento de vivienda urbana. Pago de servicios, cosas o usos conexos y adicionales, consulta, tramite preferente y unica instancia en procesos de restitucion de inmueble arrendado. Cosa juzgada constitucional respecto del articulo 38 y el inciso segundo del articulo 39. El articulo 39 de la ley 820 de 2003 no desconoce la constitucion política al establecer un tramite preferente para los procesos de restitución de inmueble arrendado. La filosofia y los propositos de la ley de arrendamientos son compatibles con la constitucion política. La constitucionalidad de las normas procesales ha de examinarse a la luz de su compatibilidad con los preceptos constitucionales, su respeto por el núcleo esencial del derecho al debido proceso, su razonabilidad y su proporcionalidad. La unica causal que guarda relacion de conexidad razionable con la carga probatoria acusada, es la falta de pago de los servicios publicos o expensas comunes que se causen por el uso del inmueble, cuando la falta de pago cause la desconexion de dichos servicios o cuando el pago de las expensas comunes este a cargo del arrendatario. Frente a estas situaciones, es razonable que el legislador exija al demandado que acredite como condicion para ejercer efectivamente su defensa, que ha satisfecho las obligaciones cuya falta de pago se invoca en su contra. El legislador puede adoptar medidas para proteger a los arrendadores, y en general a los acreedores dentro de las relaciones de derecho privado puesto que con ello se materializan multiples mandatos constitucionales. Estarse a lo resuelto en c-670 de 2004. Inexequibles expresiones del articulo 37 de la ley 820 de 2003. Exequibles expresiones del articulo 37 de la ley 820 de 2003 en el entendido de que esta carga procesal solo opera si la causal invocada para la restitución del inmueble es la establecida en el numeral 2 del articulo 22 de la ley 820 de 2003. Exequible el inciso primero del articulo 39 de la ley 820 de 2003.