Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la ley 685 de 2001 y del artículo 2º parcial del decreto 0934 de 2013. En la acción interpuesta se presentaron cargos por vulneración de la competencia de los concejos para regular los usos del suelo en el territorio del municipio o distrito y por desconocimiento de la protección que la constitución obliga a brindar al derecho a un ambiente sano. La corte concluye que el artículo 37 de la ley 685 de 2001-código de minas- es acorde con la constitución, siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización de actividades de exploración y explotación minera –cualquiera sea el nombre que se dé al procedimiento para expedir dicha autorización por parte del estado- se tengan en cuenta los aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio constitucional de autonomía territorial. En este sentido declara una exequibilidad condicionada, en el entendido de que en el desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y, en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la constitución política.