Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 58.3, 134a y 134b de la ley 599 de 2000, por la cual se expide el código penal. Los preceptos acusados consagran, respectivamente, una circunstancia de mayor punibilidad cuando la conducta punible está inspirada en móviles de intolerancia o discriminación, así como los delitos de actos de discriminación y el de hostigamiento. Para el demandante, los preceptos acusados vulneran la constitución nacional y otras normas del bloque de constitucionalidad, al no prever la identidad de género como categoría autónoma en función de la cual se pueden estructurar los delitos de actos de discriminación y el de hostigamiento o, en función de la cual se pueden agravar los hechos punibles cuando a la conducta típica subyace un móvil discriminatoria. Igualmente, porque no precisan que la orientación sexual, en función de la cual se configuran los delitos de actos de discriminación y de hostigamiento y la circunstancia de mayor punibilidad, comprende tanto la orientación sexual real, como la percibida por el victimario. la corte encontró que en la tipificación de las conductas punibles de actos de discriminación y de hostigamiento, así como en la causal de agravación punitiva establecida en el art. 58.3 del código penal, no se incurrió en la omisión legislativa acusada, toda vez que, según lo previsto en la normas demandadas también se incurre en esos delitos, cuando el móvil sea la identidad de género. La sala plena decidió declarar la exequibilidad del precitado artículo, en relación con el cargo por la falta de previsión de la categoría de identidad de género. Igualmente, declarar la exequibilidad de los artículos 58.3, 134 a y 134 b del código penal, en relación con el cargo de no haberse previsto que la sanción penal se extiende a los delitos realizados en razón de la orientación real y meramente percibida por el victimario.