Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 342 de la ley 599 de 2000, por la cual se expide el código penal. El demandante considera que el artículo acusado vulnera los artículos 13 y 29 de la constitución política al señalar que el legislador desbordó los límites impuestos por la constitución en materia punitiva, al consagrar un incremento automático injustificado de la pena del delito de concierto para delinquir, cuando el sujeto activo sea miembro o ex miembro de la fuerza pública o de organismos de seguridad del estado. La corporación analiza la siguiente temática: 1º. La libertad de configuración del legislador en materia penal. 2º. La libertad de configuración en la determinación de las causales de agravación y atenuación. 3º. La criminalidad organizada y, 4º. El concierto para delinquir. Para la corte, la agravación de la pena aplicable a los delitos de concierto para delinquir y entrenamiento para actividades ilícitas, en el evento de que sean cometidos por miembros activos o retirados de la fuerza publica o de organismos de seguridad del estado, constituye un desarrollo razonable y proporcionado de la potestad de configuración legislativa en materia penal.