Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 447a del la ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la ley 1453 de 2011. El parágrafo demandado establece que: el que transfiera o utilice a cualquier título los documentos, licencias, números de identificación de los vehículos automotores declarados en pérdida total, incurrirá en la pena en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El demandante señala que la norma acusada vulnera los principios básicos del ius puniendi y la libertad económica de la actividad aseguradora, porque se penaliza una conducta que tradicionalmente ha sido desarrollada en el marco de la actividad aseguradora de vehículos por parte de las compañías que se dedican a esta tarea. La corte encontró que la conducta tipificada constituye una restricción que no es potencialmente adecuada para conseguir el fin propuesto, que además resulta manifiestamente desproporcionada y que afecta una actividad lícita y permitida, sin que la misma se relacione con los fraudes que pretende evitar, lo que resulta innecesario ante la existencia de otros tipos penales. Se declara la inexequibilidad del parágrafo del artículo 447-a de la ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la ley 1453 de 2011.