Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 237 de la ley 599 de 2000, por la cual se expide el código penal. Para el demandante, penalizar el incesto es inconstitucional porque la tipificación de los delitos debe ser compatible con el principio de la dignidad humana, de modo que no es aceptable que se sancionen conductas que no trascienden la esfera íntima del individuo y el ejercicio de su libre voluntad. A su juicio, la relación de pareja entre parientes, cuando se trata de adultos que expresan libremente su consentimiento, no puede ser objeto de sanción penal. Para la corte, la opción legislativa de erigir en tipo penal las relaciones sexuales entre parientes no representa un quebranto al principio de dignidad humana, comoquiera que no persigue la reducción o instrumentación del ser humano, ni anula las posibilidades del individuo a desarrollar su dimensión sicoafectiva y sexual. Concluye que, la limitación que dicha prohibición comporta se encuentra plenamente justificada por la entidad del bien que se protege y la necesidad de salvaguarda frente a las afectaciones reales, empíricamente comprobadas, que las relaciones incestuosas ocasionan a la estructura familiar y en el sistema de relaciones entre los miembros de la familia. Exequible por los cargos analizados.