Tema: CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. REINCIDENCIA DE COMPORTAMIENTO EN CONTRA DE ESE CUIDADO, PUEDE IMPLICAR DECOMISO O DESTRUCCIÓN DEL BIEN POR OCUPACIÓN INDEBIDA. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 numeral 4º y los parágrafos 2º (numeral 4) y 3º de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El accionante considera que los apartes acusados vulneran los artículos 1, 2, 13, 25, 29 y 54 de la Constitución, al desconocer su teleología y convertir a los vendedores informales en contraventores de la norma, generando una confrontación con las autoridades administrativas. Aduce que las disposiciones que incorporan la multa, así como el decomiso o destrucción de los bienes con los cuales se ocupe ilegalmente el espacio público, al no establecer una salvedad respecto de la situación de miles de colombianos que ejercen las ventas informales, quebrantan el eje estructural de la Carta al afectar la garantía efectiva de los derechos de los asociados, al desnaturalizar el principio de la dignidad humana, al conculcar la defensa de los desempleados en estado de vulnerabilidad y al otorgar a las autoridades de policía facultades para imponerles gravosas sanciones y alzarse con los únicos bienes que poseen para solventar sus necesidades básicas. La Corte considera que el conflicto jurídico planteado ubica en un extremo a las normas impugnadas que protegen la integridad del espacio público, tipifican una contravención y le señalan medidas correctivas, mientras que en el otro extremo se encuentran los derechos al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso de los trabajadores informales que se encuentran amparados bajo el principio de la confianza legítima. La Sala Plena declara la EXEQUIBILIDAD del artículo 140, numeral 4º de la Ley 1801 de 2016 y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los parágrafos 2º (numeral 4) y 3º ibídem, en el entendido que cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.