INGRESO A INMUEBLE SIN ORDEN ESCRITA. EVENTOS EN LOS QUE LA POLICÍA PUEDE PENETRAR EN LOS DOMICILIOS SIN ESA ORDEN. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 163 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Los demandantes consideran que la norma acusada al permitir a la Policía penetrar en domicilios, sin que sea necesario un mandamiento judicial escrito y previo, en las hipótesis allí consagradas, desconoce el artículo 28 de la Constitución Política relativo a la reserva judicial en la materia. También alegan trasgresión del artículo 32 Superior, que sólo excepciona el requisito de orden judicial cuando se trate de capturar a una persona en estado de flagrancia. Así mismo, del 250 de la Carta que exige de la Fiscalía el cumplimiento de deberes previos, y en algunos casos posteriores, frente al juez con función de control de garantías para la adopción de medidas tales como la privación de la libertad, los registros y los allanamientos. La Corte declara EXEQUIBLES el enunciado y los numerales 1 al 6 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos examinados. Igualmente, declara EXEQUIBLE CONDICIONADO los apartes demandados del parágrafo 1 del artículo 163 ibídem, en el entendido de que el cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial posterior de la actuación policial. Por último, la Corte Exhortó al Congreso de la República para que en un término no superior al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, antes del 20 de junio de 2019, expida una ley que defina: a). la jurisdicción y el juez competente para realizar el control posterior y rogado del acceso al domicilio sin orden judicial previa por parte de autoridades administrativas, los términos y condiciones para solicitarlo y para su realización. b). los aspectos procesales del control y c). los poderes del juez en la materia. Precisa, que en el caso en el que al vencimiento del plazo previsto dicha ley no haya sido promulgada, el control judicial del acceso al domicilio sin orden judicial previa deberá ser realizado, previa solicitud del interesado, por el juez de control de garantías.