En este caso le correspondió a la corte constitucional determinar si por tratarse de una acción real y no penal, el legislador podía, a la luz de las garantías consagradas en los artículos 15, 28 y 250.2 de la constitución política y actuando con base en su margen de configuración normativa, reemplazar en el proceso de extinción de dominio la intervención del juez de control de garantías, por la prevista en la ley 1708 de 2014 a cargo del juez de conocimiento de esta acción, en la aplicación por parte de la fiscalía general de técnicas de indagación e investigación, tales como, interceptación de comunicaciones, allanamientos y registros, búsqueda selectiva en bases de datos, entregas vigiladas, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, la recuperación de información dejadas al navegar por internet y las operaciones encubiertas. La sala plena determinó que el control judicial de los actos de investigación realizados por la fiscalía general en el proceso de extinción del dominio, que impliquen una intervención severa en el derecho fundamental a la intimidad, tanto en la fase inicial del proceso como en la etapa del juicio al momento de decidir sobre la admisibilidad de la correspondiente prueba, debe ser realizado por el juez de control de garantías. Se declara la inexequibilidad de la expresión excepto en lo relativo a los controles judiciales por parte del juez de garantías o de la dirección nacional de fiscalías contenido en el numeral 2 del artículo 26 de la ley 1708 de 2014, así como su numeral 115 y, la expresión lo anterior, sin detrimento del control de legalidad que puede realizar el juez de extinción de dominio en los términos de este código, bien sea en la fase inicial, o en la etapa del juicio al momento de decidir sobre la admisibilidad de la correspondiente prueba, contenida en el artículo 163, inciso segundo, ibídem.