Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1698 de 2013, por la cual se crea y organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones. Se presentaron tres cargos: 1º. La vulneración del derecho a la igualdad, por un crear un privilegio injustificado en favor de la fuerza pública. 2º. La violación de la competencia exclusiva de la defensoría del pueblo para dirigir la defensa pública y, 3º. El desconocimiento de la imparcialidad de los defensores del oficio, como consecuencia del diseño establecido en la ley acusada. Para la corte, la ley demandada no vulnera el principio de igualdad ni el debido proceso de los miembros de la fuerza pública. A su juicio, el sistema de defensa técnica y especializada desarrolla los compromisos internacionales que en esta materia tiene el estado colombiano, específicamente, en lo que corresponde a proveer oficiosamente la defensa técnica, cuando el investigado no puede procurarse un abogado de confianza. Exequible.