Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 5 y 8 (parciales) de la ley 1696 de 2013, por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Se acumulan expedientes. Para la corte, las competencias previstas por los parágrafos 2º y 3º del artículo 5º de la ley acusada son acordes a la constitución, pues regulan lo relativo a una actividad peligrosa que pone en riesgo importantes valores constitucionales, además de no resultar desproporcionadas en razón a emplear medidas no proscritas por la carta y ser efectivamente conducentes al logro del fin perseguido. La sala se declara inhibida de emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 8º de la ley 1696 de 2013, por ineptitud sustantiva de la demanda y, declarar la exequilidad de los demás apartes normativos acusados.