Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1680 de 2013, por medio de la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Los demandantes aducen que la ley acusada debió ser tramitada como una ley estatutaria y no como una de carácter ordinario. Además, elevaron cargos adicionales en contra de su artículo 12, al estimar que la exención al pago de derechos de autor prevista en esa disposición, quebranta el equilibrio entre los derechos de las personas con deficiencia visual y los derechos de autor. La corte concluyó que no existe reserva de ley estatutaria frente a los temas tratados en la norma demandada y, que las limitaciones al derecho de autor en ella previstas, resultan razonables en cuanto acción afirmativa en beneficio de esa misma población. Exequibles, tanto la ley 1680 de 2013, en su integridad, como su artículo 12.