Revisión de la ley 1662 del 16 de julio de 2013, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la república de colombia y la corte penal internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la corte penal internacional, hecho en bogotá d.c., el 17 de mayo de 2011. La corte concluyó que el acuerdo y la ley aprobatoria resultan acordes a la constitución política, tanto en su aspecto formal como en su contenido material. Este acuerdo se origina en el artículo 103 del estatuto de roma y la regla 200 de las reglas de procedimiento y prueba de la corte penal internacional. Las reglas de protección se ordenan recordando las normas generalmente aceptadas por los instrumentos internacionales sobre el tratamiento de los reclusos y de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. El objeto del acuerdo es consagrar un marco para la aceptación de personas condenadas por la cpi y definir las condiciones en las cuales debe cumplirse la pena correspondiente en territorio colombiano. Para la corte, los contenidos regulados en este instrumento internacional no desconocen los preceptos aplicables sobre la materia consagrados en la carta política, especialmente en cuanto tiene que ver con las garantías procesales.