Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 2º (parcial) de la ley 1641 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones. Según los demandantes, el aparte normativo acusado contraviene lo dispuesto en los artículos 5, 13 y 142 de la constitución, al plantear un trato discriminatorio para los habitantes de la calle que conservan vínculos con sus familias, respecto de aquellos que no los tienen. Para la corte, la norma, al prever como parte de la definición de habitante de la calle la exigencia de haber roto vínculo con el entorno familiar, distingue, sin una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional, entre personas en una situación de vulnerabilidad merecedoras de protección, toda vez que propicia la privación de los beneficios derivados de las respectivas políticas públicas a quienes, aun habitando en la calle, mantienen algún nexo con sus familiares, lo cual reduce el ámbito de protección y releva al estado de prestarla a la totalidad de quienes la merecen, obligación que de acuerdo con el principio de solidaridad, puede cumplir en concurrencia con la sociedad y la familia, en el supuesto en que esta se encuentre en condiciones de prestar alguna ayuda. Se declara la inexequibilidad de la expresión y, que ha roto vínculos con su entorno familiar.