Demanda de inconstitucionalidad dirigida contra 32 artículos de la ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios y se dictan otras disposiciones. Por razones metodológicas la corte decidió analizar los cargos formulados reagrupándolos en tres ejes temáticos centrales. Estos son: 1º. Diseño e implementación de metodologías de investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad. 2º. Aspectos procesales de la ley 1592 de 2012 y, 3º. Derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, protección y participación en el proceso. En términos generales concluyó la corte que, la aplicación del criterio de priorización de casos en los procesos de justicia transicional de la ley de justicia y paz, no vulnera el derecho de las víctimas a la investigación de las violaciones a los derechos humanos de una manera seria, imparcial y en un plazo razonable, ni el principio de responsabilidad individual. Así mismo consideró que, las modificaciones introducidas al proceso penal de justicia y paz constituyen un desarrollo de la potestad de configuración del legislador y resultan acordes con los derechos de las víctimas, salvo en los concerniente a la entrega de bienes a la unidad de atención y reparación y algunos aspectos en que se condiciona la exequibilidad, para garantizar los derechos de las víctimas.