Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 19 y 35 (ambos parciales), de la ley 1592 de 2012. Los demandantes argumentan que la norma acusada desconoce el derecho a la igualdad, en virtud de establecer un trato diferente entre los integrantes de grupos desmovilizados que hubieran estado privados de la libertad al momento de la desmovilización y los que no se encontraban en tal circunstancia. Al tener claro la corporación que los demandantes, por sentencia judicial ejecutoriada, tienen suspendidos sus derechos políticos lo que les impide ejercer la acción pública de inconstitucionalidad, en la medida en que no han obtenido rehabilitación, la que aún no pueden solicitar, por encontrarse cumpliendo la penal que les fue impuesta. La sala plena se declara inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, por falta de legitimación de los demandantes.