Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 167 (parcial) de la ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras disposiciones. Los demandantes aducen que la expresión podrá otorga al juez discrecionalidad para la distribución de la carga de la prueba entre las partes, cuando en realidad tal proceder, de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en la constitución, es una obligación. La corporación observó que la intervención del juez en la distribución de las cargas probatorias no tiene cabida únicamente en ejercicio de sus poderes oficiosos para decretar y practicar pruebas, toda vez que la norma permite que sean las propias partes quienes hagan un llamado expreso al juez, ante el cual debe pronunciarse en forma expresa y debidamente motivada, bien para acoger la solicitud o bien para rechazarla. Además, la norma prevé que esta decisión del juez puede ser recurrida, con lo cual se asegura el derecho de las partes de contradicción e intervención en el proceso en condiciones de igualdad. Precisa, que esta previsión está encaminada a procurar un prudente equilibrio entre la función del juez en el estado social de derecho y el cumplimiento de las cargas procesales que constitucionalmente corresponde asumir a las partes cuando ponen en marcha la administración de justicia. Exequible por los cargos analizados.