Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 419 y 421 de la ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras disposiciones. Considera el demandante que las disposiciones acusadas son contrarias a los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la defensa. Para él, la procedencia y el trámite del proceso monitorio, establecido en el código general del proceso, se rige por una estructura unilateral y, en consecuencia, carece de la bilateralidad propia de todo procedimiento judicial, en tanto el juez, cuando realiza el requerimiento de pago, simultáneamente se pronuncia con efectos de cosa juzgada, sin haber escuchado a la contraparte, trasgrediendo con ello, las garantías procesales del deudor. La corte concluye que las normas demandadas persiguen propósitos constitucionales legítimos y razonables que no son contrarios a las disposiciones de la carta invocadas por el actor. Por otra parte, la sala estima que, tratándose de un proceso especial de trascendental alcance social que utilizarán las personas para resolver controversias informarles de menor cuantía, es necesario hacer un llamado a la sala administrativa del consejo superior de la judicatura para que divulgue a la comunidad en general, la regulación, el trámite, los beneficios y efectos del proceso monitorio, antes de su entrada en vigor. Exequibles.