Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o el descuento directo y se dictan otras disposiciones. Se acumulan demandas. Los demandantes sostuvieron que con la norma acusada el legislador infringió distintas etapas del procedimiento legislativo que son de indefectible cumplimiento para su adecuada formación. Igualmente, atacaron en su generalidad el contenido material de la norma, al puntualizar que la misma no solamente desconoce el especial tratamiento constitucional que radica en cabeza de las cooperativas y otras formas asociativas y solidarias de economía, sino además los derechos al trabajo y al salario, al igual que la unidad de materia, por involucrar aspectos que no se avienen objetiva y razonablemente con el núcleo temático. La corte verificó que en el trámite de la ley 1527 de 2012 se cumplieron en debida forma los debates democráticos en la cámara de representantes, así como los anuncios previos de votación exigidos por el artículo 160 de la constitución política. Se decidió: 1º). Estarse a lo resuelto en c-015/13, mediante la cual se declaró inexequible la expresión el articulo 8º numeral 2 del decreto-ley 1172 de 1980, el parágrafo 4º del articulo 127-1 del estatuto tributario, el parágrafo del articulo 89 de la ley 223 de 1995, contenida en el artículo 15 de la ley 1527 de 2012. 2º). Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del aparte normativo restante del artículo 15, al igual que sobre el artículo 13 de la ley 1527 de 2012; y 3º). declarar exequible, por los cargos analizados, el resto de la ley 1527 de 2012.