Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 31 y 32 de la ley 1493 de 2011, por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones. Aduce el demandante que los artículos acusados resultan contrarios al numeral 21 del artículo 50 de la constitución, en la medida en que desconocen el deber del legislador de precisar los fines, alcances y límites que se le imponen a la libertad económica, en este caso, a las sociedades de gestión colectica de derechos de autor, cuando expide leyes de intervención de esa naturaleza. La corte encontró que apenas tangencialmente podría considerarse que las materias tratadas en esta norma implican un caso de intervención del estado en la economía, pues la referida ley no plantea un tratamiento integral de los temas parcialmente regulados, ni tampoco se enfoca al logro de ninguno de los objetivos previstos en el artículo 334 de la constitución política. En tales condiciones concluyó, que en relación con las normas acusadas no resulta oportuna ni necesaria la observancia de los criterios previstos en el artículo 150 numeral 21 del texto superior. Las normas acusadas se declaran exequibles, por los cargos examinados.