Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la ley 1476 de 2011, por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del ministerio de defensa nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la fuerza pública. Expresan los actores que la norma demandada viola la constitución política pues de su tener literal se desprende la posibilidad de aplicar una norma sancionatoria para hechos ocurridos cuando la misma no se encontraba vigente, lo que va en contravía con el principio de legalidad y de la garantía constitucional del debido proceso. Para la corte, la aplicación del régimen de responsabilidad administrativa por pérdida de bienes de propiedad o al servicio del sector defensa establecido en la norma acusada a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, no desconoce el derecho al debido proceso y, en tal sentido, declara su exequibilidad.