Cción pública de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 2 de la ley 1469 de 2011, por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. Considera el demandante que el aparte normativo acusado, al admitir el desarrollo de macroproyectos de interés social nacional (misn) en zonas rurales, desconoce la obligación del estado de proteger las riquezas natrales; el deber de proteger especialmente la producción de alimentos; el derecho a gozar de un ambiente sano y a la preservación de la diversidad y la integridad del ambiente. Según el actor, el suelo rural es por excelencia el espacio para la producción de alimentos, además de encontrarse en él las riquezas naturales y los elementos de la diversidad y la integridad ambiental. La corte considera que el parágrafo demandado no puede ser totalmente expulsado del ordenamiento, primero, porque la constitución política no prevé una prohibición expresa de desarrollar proyectos de vivienda en suelo rural. Segundo, por cuanto el suelo rural no está integrado sólo por áreas portadoras de riquezas naturales, reservas ambientales o zonas destinadas a la producción de alimentos. Tercero, debido a que con los referidos macroproyectos el congreso pretende solucionar un problema de déficit habitacional en zonas rurales y, por esa vía, garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna. Cuarto, habida cuenta de que la adopción de misn presupone la activación de distintos tipos de control ambiental, por lo cual hay mecanismos institucionales de protección de los aspectos ambientales en zona rural. Quinto, en vista de que la ley no prevé la posibilidad incondicionada de implementar macroproyectos de interés social nacional en suelo rural, sino que fija ciertos condicionamientos para esos casos. No obstante lo anterior, la corporación advierte que la norma presenta algunos problemas específicos y por ello, decide declarar la exequibilidad condicionada de la norma, en el entendido de que los macroproyectos de vivienda urbana en suelo rural deben adaptarse a las formas de vida campesinas que estén estrechamente asociadas a los procesos de producción de alimentos, y en ningún caso pueden implementarse en áreas que integren el sistema nacional de áreas protegidas.