Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el código penal, el código de procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. El demandante considera que la expresión autoridades competentes, no determina quiénes son las entidades autorizadas para realizar una interceptación de comunicaciones, lo cual configura una omisión legislativa relativa que desconoce los derechos al debido proceso y a la intimidad. La corte precisa que, si bien la norma no determina específicamente cuáles son las autoridades encargadas de realizar la operación técnica de la interceptación de comunicaciones, el artículo 46 de la ley 938 de 2004 señala que dicha competencia recae en las autoridades de policía judicial, las cuales son definidas en los artículos 201, 202 y 203 de la ley 906 de 2004. Con lo anterior se concluye que no existe una omisión legislativa, sino una norma en blanco que puede ser complementada a través de una interpretación sistemática de la disposición demandada, junto a las leyes 906 y 938 de 2004 y al artículo 250 de la constitución. Se declara la exequibilidad del texto normativo acusado.