Demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 9 y 10 (parciales), 123, 124, 125, 127, 130 y 131 de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Consideran los actores que las normas acusadas desconocen el alcance del derecho que tienen las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, a obtener una reparación integral. Lo anterior, debido a que dichas normas incluyen dentro de las medidas de reparación, un conjunto de prestaciones (subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, acceso preferencial a la carrera administrativa) que, según estiman los demandantes, constituyen acciones afirmativas y medidas asistenciales orientadas a garantizar la igualdad sustancial para los grupos sociales en situación de desventaja. La sala reafirma el precedente establecido en la sentencia su254/13 y llama la atención sobre el hecho de que las indemnizaciones atiende sólo al componente compensatorio de la reparación. Indica, que la reparación no se agota en este componente, sino que ha de incorporar además medidas de restitución, en tanto sea posible, de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La corporación entiende que las medidas previstas en las normas demandadas pueden ser entendidas, de manera válida, como medidas de reparación en un sentido amplio, en tanto satisfacen los demás componentes asociados a la reparación integral, más no, si con ellos se pretende reducir el elemento compensatorio que se cubre mediante las indemnizaciones. Exequibles el inciso final del artículo 9 de la ley 1448 de 2011 y los artículos 123, 124, 125, 127, 130 y 131, en el entendido que las prestaciones que allí se consagran son adicionales y no pueden descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derechos las víctimas. Se declara inhibida para conocer la acusación formulada contra el inciso segundo del artículo 10 de la precitada norma y del cargo por violación del principio de igualdad.