Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 111, numeral 7 y 249, inciso 1º (parciales), de la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Considera el demandante, que el hecho de que el legislador hubiese establecido que la autoridad judicial que tuvo conocimiento del caso, de manera previa a la resolución del recurso extraordinario de revisión, no deba declararse impedido ni que tampoco pueda formularse recusación en su contra, trasgrede el principio de independencia e imparcialidad que debe guiar la administración de justicia, cuando el mismo ordenamiento consagra figuras jurídicas para preservarlo, como los conjueces. Considera la corte que los magistrados de la sala plena de lo contencioso administrativo no pueden desprenderse de la función jurisdiccional, oponiendo como razón el haber conocido el proceso de pérdida de investidura, porque esta circunstancia está presente en todos los consejeros, al tratarse de un proceso de cuya competencia está adscrita a la sala plena en única instancia y, la naturaleza del recurso extraordinario especial de revisión y sus causales, son ajenas a lo ya debatido. Por tanto, se trata de un nuevo proceso del que se tiene conocimiento por primera vez, tan es así, que requiere una nueva demanda en la que incluso se pueden solicitar pruebas, lo que consecuentemente no coloca en riesgo la imparcialidad judicial. Se declara exequible, por los cargos analizados, las expresiones acusadas.