Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 860 del estatuto tributario, modificado por el artículo 18 de la ley 1430 de 2010. A juicio de las demandantes el artículo acusado, regulatorio de la devolución con presentación de garantía, vulnera el preámbulo y los artículos 29. 83, 95-9 y 363 de la constitución política. La demanda se sustenta principalmente en dos cargos: 1º. Violación a la presunción de inocencia y 2º. Violación al principio de buena fe. La corte considera que el legislador tributario, al establecer la suscripción de la garantía, no viola la presunción de inocencia ni invierte la carga de la prueba, pero si presume la mala fe del contribuyente cuando le obliga a extender la caución por eventuales sanciones que impondría la administración. En síntesis, no hay reparo en el hecho de prestar una caución que ampare el monto de devolución, sino en la extensión de tal garantía a las eventuales sanciones, porque en este caso, el legislador no solo presume la mala fe, sino que orienta la medida a amparar unos riesgos futuros e inciertos. Se declara inexequible la expresión más las sanciones de que trata el artículo 670 de este estatuto siempre que estas últimas no superen diez mil ($10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, del artículo 18 de la ley 1430 de 2010.