Ley 1151 de 2007. Se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010. El demandante señala que la preceptiva en su integridad desconoce el convenio 169 de la oit, habida cuenta que no se sometio el proyecto de ley del plan nacional de desarrollo a consulta previa con los pueblos indigenas. El deber de realizar consulta previa a los pueblos indigenas respecto de las medidas que les puedan afectar directamente. La especial naturaleza de la ley del plan nacional de desarrollo y de su proceso de formacion frente al deber de realizacion de consulta previa. Los requisitos de la consulta previa a cada comunidad etnica afectada directa y especificamente por un proyecto determinado. Una lectura detallada de las distintas disposiciones contenidas en la ley 1151 de 2007 revela que estas preven varios proyectos susceptibles de incidir de manera directa y especifica sobre pueblos indigenas o comunidades afrodescendientes que residen en las zonas donde estos habran de ser ejecutados, por lo que resulta diafano advertir que, respecto de cada uno de estos proyectos individuales, si existe una obligacion estatal especifica de realizar consulta previa, en su integridad y con pleno cumplimiento de los requisitos constitucionales precisados por la jurisprudencia constitucional. No obstante lo anterior, no resulta procedente declarar inexequible como un todo la ley 1151, por cuanto esta contiene numerosas disposiciones en relacion con las cuales no existe el deber estatal de adelantar consulta previa con los grupos indigenas, por lo que la decision adoptada en el presente proceso se circunscribira a las disposiciones especificas contenidas en la ley del plan nacional de desarrollo que puedan afectar en forma directa y especifica a dichos grupos o comunidades de las zonas donde se habran de implementar. Exequible la ley 1151 de 2007, en el entendido de que se suspendera la ejecucion de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir directa y especificamente sobre pueblos indigenas o comunidades etnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa la consulta previa especifica exigida por el bloque de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudencia constitucional