Demanda de inconstitucionalidad. El demandante considera que la norma acusada vulnera el principio de igualdad ya que resultan injustificadamente perjudicados aquellos internos que cumpliendo la pena privativa de la libertad, no cuentan con recursos económicos suficientes para realizar el pago en mención. La corte se pronuncia sobre los sistemas de vigilancia electrónica, su alcance, las autoridades competentes, los requisitos y las modalidades y funcionamiento, y la financiación, la comparación entre los subrogados de la vigilancia electrónica y la prisión domiciliaria, se realizan algunas conclusiones preliminares sobre la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica, en cuanto a la exigencia del pago de la multa, se hace mención de la línea jurisprudencial sobre el sentido y alcance de la multa como sanción penal y como requisito para los subrogados de la pena de prisión, el alcance de la jurisprudencia constitucional sobre la exigencia de la multa para acceder a subrogados penales, se estudian las líneas jurisprudenciales sobre el principio de igualdad, formal y material, se concluye que la posibilidad de salir de la cárcel y cumplir la pena privativa de libertad fuera de ella debe brindarse en igualdad de condiciones, que la posibilidad de purgar la pena privativa de la libertad fuera de la cárcel dependa de los medios económicos del condenado, hace que las desigualdades de hecho se conviertan en desigualdades jurídicas, por lo tanto la discriminación hecha por el legislador no resulta justificada, y la exigencia de la multa en el caso de la vigilancia electrónica no encuentra sustento alguno en la consecución de un fin constitucionalmente relevante, se decide declarar la norma exequible, en el entendido que, en caso de demostrarse ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la insolvencia actual del condenado, el no pago previo a la multa no impedirá la concesión del subrogado de vigilancia electrónica.