Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del acto legislativo 01 de 2012 (parcial), por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la constitución política y se dictan otras disposiciones. Los demandantes consideran que las expresiones máximos, cometidos de manera sistemática y todos los acusadas, sustituyen un pilar fundamental de la constitución política, que es el deber del estado colombiano de garantizar los derechos humanos. En primer lugar, la sala consideró que si bien la demanda se dirigía contra algunas expresiones, contenidas en el inciso 4° del artículo 1°, éstas se encontraban estrechamente vinculadas a un sistema integral de justicia transicional, por lo cual se pronunció sobre la totalidad del precitado inciso. La corte determinó que existe un pilar fundamental de la constitución que consiste en el compromiso del estado social y democrático de derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas y, que en virtud de este mandato existe la obligación de: (i) prevenir su vulneración; (ii) tutelarlos de manera efectiva; (iii) garantizar la reparación y la verdad; y (iv) investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Constató que la reforma introducida mediante el acto legislativo demandado partió de la base de que para lograr una paz estable y duradera era necesario adoptar medidas de justicia transicional. Partió de reconocer la necesidad de efectuar una ponderación entre diferentes principios y valores como la paz y la reconciliación y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia la reparación y la garantía de no repetición. Se pronunció sobre la posibilidad de centrar esfuerzos en la investigación penal de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y de imputar estos delitos sólo a los máximos responsables y analizó la renuncia condicionada a la persecución penal. Finalmente, consideró necesario fijar algunos parámetros de interpretación del acto legislativo, para que estos sean observados por el congreso de la república al expedir la ley estatutaria que desarrolle el marco jurídico para la paz: se declara la exequibilidad de los apartes normativos acusados.