Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) y el artículo 3º, del Acto Legislativo 1 de 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Considera el demandante que los artículos acusados sustituyen aspectos esenciales de la Carta Política. En el primer cargo adujo, que el deber de persecución penal, sin posibilidad de excepciones, es sustituido por la potestad de renuncia a la investigación y sanción, mediante la introducción de criterios de priorización y selección. En este sentido, a la Corte le correspondió establecer si se sustituye un elemento definitorio del régimen constitucional colombiano, cuando se releva al Estado de la obligación de investigar, juzgar y condenar a todos los responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, actos de terrorismo y delitos transnacionales. En el segundo cargo se expuso, que el artículo 3º del Acto Legislativo 1 de 2012 sustituye la Constitución, en cuanto reemplaza el pilar fundamental descrito como marco democrático por una regulación constitucional, según la cual, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, delitos transnacionales y actos de terrorismo, tienen derecho a ser candidatos a cargos de elección popular y pueden llegar a ser servidores públicos. Es decir, que con dicha disposición no se protegen los derechos a las víctimas, sino que se otorgan derechos a los victimarios. En este sentido, la Sala tuvo la responsabilidad de determinar si sustituye la Carta un acto legislativo que, dentro de los límites impuestos al legislador estatutario al momento de regular qué delitos deber ser considerados conexos al delito político, para los precisos efectos de permitir la participación en política de quienes fueron parte del conflicto armado interno, no incluye a los crímenes de guerra, a los delitos transnacionales como el narcotráfico, ni a los actos de terrorismo. Se decide, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-579/13 que declaró la exequibilidad del inciso cuarto del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2012 y, declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la misma norma.