Acto legislativo 01 de 2005 articulo 1º (parcial). Se adiciona el articulo 48 de la constitucion politica. Para el actor, la inconstitucionalidad del parágrafo 2°, y los transitorios 2° y 3° del acto legislativo n° 01 de 2005, que prohíben establecer en adelante condiciones pensionales más favorables y declaran la pérdida de vigencia de todas las convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos y laudos arbitrales que se encuentren vigentes el 31 de julio de 2010, estriba en que tales medidas violan el bloque de constitucionalidad por ser contrarias a los convenios 87, 98, 151 y 154 de la oit, ratificados por el estado colombiano mediante las leyes 26 y 27 de 1976, 411 de 1997 y 524 de 1999, instrumentos que, en consecuencia, hacen parte de la legislación interna. Agrega que con la expedición del acto acusado, son desconocidos los tratados de derechos humanos (artículos 53, 93 y 94 de la constitución), representando dicha enmienda, una sustitución parcial de la constitución pues el acto legislativo n° 01 de 2005, en lo acusado, es incompatible con el artículo 55 de la constitución política y con los artículos que garantizan el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El demandante considera que al expedir lo acusado, el congreso reemplazó el trípode conformado por el derecho de asociación sindical (art. 39 de la constitución), el derecho de negociación colectiva (art. 55 ibidem) y el derecho de huelga (art. 56 ibídem), por otro opuesto como es la prohibición a los trabajadores colombianos de negociar colectivamente en materia pensional e imponer la perdida de la vigencia de todas las cláusulas pensionales establecidas en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales, desbordando así la facultad de reforma que le otorga el artículo 374 de la constitución política. Ausencia de caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad. Competencia para efectuar un juicio de sustitución, pero inhibición para ejercer un control material de un acto legislativo. En el caso bajo estudio, ninguno de los cargos planteados por el actor cumplen con la carga de argumentación necesaria para demostrar que se estaba ante una sustitución de la constitución. Los argumentos presentados por el accionante no logran demostrar que el cambio cuestionado sea de tal magnitud que como consecuencia de él se está ante una constitución integralmente distinta, ni que ese cambio constituya el reemplazo de un elemento definitorio de la esencia e identidad de la constitución de 1991, por otro opuesto o integralmente diferente. Inhibida