El proyecto define una serie de derechos que tendrán los integrantes de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y el personal civil o no uniformado a su servicio, así como los que laboren en el Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades adscritas o vinculadas, que en cualquier tiempo se encuentren en condición de secuestrados por grupos armados o personas al margen de la Ley.