Sinópsis

Busca la plena unificación en el régimen jurídico aplicable a las diferentes empresas que prestan servicios públicos domiciliarios y tecnologías de la información y las comunicaciones, para que puedan desarrollar sus actividades en escenarios de igualdad de competencia, terminando con la desigualdad legal que en la actualidad les permite a algunos proveedores o prestadores de servicios públicos tener ventajas jurídicas en su organización o funcionamiento y que impide que todos, independientes de su naturaleza jurídica, puedan aprovechar al máximo su capacidad instalada o competencias administrativas, técnicas o económicas de acuerdo con lo regulado en la Ley 1340 de 2009 y demás disposiciones normativas en esta materia y sentencias de la Corte Constitucional.