Sinópsis

La educación como derecho y servicio público debe ser garantizada e impartida por el Estado en comunidad con la familia y la sociedad, en observancia de los principios de equidad, igualdad y no discriminación, que fomenten la adecuada movilidad social de las personas. Para ello se aplicará la pertinencia curricular y se promoverá la atención por parte de personal especializado que atienda la población más vulnerable, en particular a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén y las escuelas rurales.