La presente ley tiene por objeto fortalecer las finalidades y mecanismos de intervención del Estado en los mercados de telecomunicaciones para proteger a los usuarios, mejorar la calidad de los servicios y promover la competencia sostenible en el sector. La presente ley se aplica a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en Colombia, independientemente de su forma o naturaleza jurídica.