Sinópsis

Busca establecer la práctica obligatoria de un examen médico integral anual para el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Gobernadores y los Alcaldes para garantizarle a la Nación que sus mandatarios se encuentran en condiciones de salud aptas para cumplir con las funciones asignadas por la Constitución y las leyes colombianas. El examen médico integral será realizado por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Los mandatarios que no se sometan a la práctica del examen médico anual incurrirán en una falta disciplinaria grave. Los médicos que emitan un informe médico integral fraudulento, además de las sanciones contempladas en el Código Penal, se le impondrán las sanciones establecidas en la Ley 23 de 1981, debiéndose realizar nuevamente el examen. En caso de que el funcionario al que se le realice el examen médico integral no esté de acuerdo con el resultado, podrá impugnarlo ante el Instituto Nacional de Medicina Legal.