Este proyecto no pretende crear nuevas herramientas o dispositivos sancionatorios, busca es extender las que creó el Acto Legislativo 01 de 2009, vinculando los delitos contra la administración pública que constituyen o tipifican los actos de corrupción. Trata sobre la responsabilidad de los partidos políticos en relación con los avales otorgados a personas elegidos en cargos uninominales o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico, por corrupción, por delitos contra la administración pública, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.