El proyecto establece medidas para enfrentar de manera efectiva los problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario y carcelario del país. Para ello, comprende aspectos como: la inclusión del principio de un enfoque diferencial que genere condiciones especiales de reclusión para poblaciones especiales; la diferenciación de personas recluidas en detención preventiva y los condenados; la construcción de centros especializados de atención médica y psiquiátrica; la consideración de las penas intramurales como último recurso con el fin de asegurar la descongestión del sistema; la realización de audiencias virtuales para agilizar el trabajo de los jueces de ejecución de penas; la creación del Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario, Sisipec; la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que deberá garantizar las condiciones mínimas de reclusión; el establecimiento de medidas de resocialización de los presos; la determinación de las funciones del Consejo Superior de Política Criminal, encargado del Plan Nacional de Política Criminal; la posibilidad de declarar el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en casos de sobrepoblación carcelaria, entre otros.