Este proyecto de ley tiene como propósito fundamental reconocer la institución del trabajo como principio y valor del ordenamiento jurídico, así como el derecho fundamental de la persona como tal y velar por la igualdad laboral; sumado a que se debe reconocer la autonomía de las entidades territoriales para el ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente le han sido asignadas.
La iniciativa pretende reconocer los derechos laborales adquiridos legalmente por las personas que se desempeñan como corregidores, quienes coordinadamente con la participación de la comunidad cumplirán, en el área de su jurisdicción, las funciones que les asignen los acuerdos y les deleguen los alcaldes. Estos corregidores son nombrados por el alcalde respectivo, de ternas presentadas por las juntas administradoras locales.