En virtud del principio de responsabilidad social, esta ley tiene como objeto promover la contratación de mano de obra, bienes y/o servicios por parte de las empresas titulares de contratos de concesión de minas en las entidades territoriales productoras, para así generar empleo en aquellas zonas del país donde se realiza exploración y/o explotación de los recursos naturales no renovables y contribuir al mejoramiento de la dinámica económica y social de las regiones productoras, teniendo en cuenta para ello la realidad Colombiana y las tendencias en el mercado actual.