El tratado suscrito de asistencia legal recíproca en materia penal tiene por objeto establecer una estrecha colaboración entre las autoridades de los Estados con el fin de suprimir cualquier obstáculo derivado de las incompatibilidades que pudieran existir entre los distintos sistemas judiciales. Adicionalmente, la cooperación judicial en materia penal entre los Estados promueve la lucha contra la delincuencia, ya que la misma requiere de acciones conjuntas de la comunidad internacional y de mecanismos efectivos contra la impunidad de los delitos cometidos por los grupos criminales.