Sinópsis

El proyecto de Ley busca reformar ciertas competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad, contratación y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta los criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, solidaridad, redistribución de ingresos, estratificación socioeconómica conforme a la capacidad de pago y participación efectiva de los ciudadanos.