El proyecto determina que el tamaño de la letra, caracteres, contraste y demás especificaciones técnicas para los contratos de que trata la presente ley deben corresponder a las formalidades mínimas determinadas por la Imprenta Nacional. Esto con el fin de proteger a usuarios, clientes, empleados, ahorradores, tarjetahabientes, y todos aquellos que en una relación contractual se constituyan como parte débil.