El proyecto establece la obligación de todas las entidades públicas del orden nacional, con exclusión de aquéllas que tengan carácter financiero y de las sociedades de economía mixta, de ceder al Inurbe los bienes de su propiedad con vocación para vivienda de interés social, mediante resolución administrativa, que contendrá el título traslaticio de dominio. En adición, se prevé que para efectos del registro, tales transferencias, así como la asignación de los terrenos en calidad de subsidio, se entiendan como actos sin cuantía, con el fin de reducir los costos originalmente previstos para este tipo de transferencias.