Sinópsis

Busca implementar un servicio integral de defensoría para los miembros de la fuerza pública que garantice el debido proceso a partir de una adecuada y eficaz defensa jurídica en materia penal, bien sea jurisdicción ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y de terceros Estados, y en materia disciplinaria. En este momento, el derecho a la defensa técnica se reducen en materia penal a la jurisdicción nacional.